La iniciativa del coordinador del PRI en el Congreso de Nuevo León busca permitir que empleados de base opten por la reinstalación laboral o una indemnización ante separaciones injustificadas.

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado para atender un vacío legal en la resolución de conflictos laborales dentro de las administraciones estatal y municipales.

La propuesta busca fortalecer los derechos de los trabajadores de base, brindar certeza jurídica a las autoridades y establecer mecanismos más claros para resolver controversias relacionadas con la terminación de las relaciones laborales en el servicio público.

Treviño Cantú advirtió que la falta de precisión en la legislación vigente puede generar incertidumbre cuando alguna de las partes decide concluir una relación de trabajo, situación que puede derivar en litigios prolongados, incluso en casos donde existen criterios jurisprudenciales sobre despidos injustificados.

El legislador explicó que su iniciativa contempla adicionar el artículo 39 Bis 1 de la Ley del Servicio Civil, con el propósito de que los trabajadores de base del Estado y los municipios puedan elegir entre la reinstalación en sus puestos o el pago de una indemnización para resolver un eventual conflicto por separación injustificada.

“Con esta reforma pretendo subsanar un vacío legal y establecer condiciones de mayor certidumbre para resolver las controversias derivadas de juicios por separación injustificada de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios”, señaló.

El coordinador priista indicó que, aunque la legislación establece que los trabajadores de base no pueden ser cesados sin una causa justificada, considera necesario incorporar expresamente la posibilidad de reinstalación, conforme a criterios jurisprudenciales existentes a nivel nacional.

La iniciativa fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para su trámite correspondiente.

Treviño Cantú sostuvo que contar con reglas claras permitiría a servidores públicos y autoridades conocer mejor sus derechos y obligaciones, además de facilitar acuerdos que eviten procesos judiciales prolongados.

La propuesta busca establecer alternativas para atender las diferencias laborales en el sector público, aunque su eventual aplicación dependerá del análisis y aprobación legislativa correspondiente.